El Estado debe realizar el máximo esfuerzo para erradicar y combatir la tortura mediante acciones públicas integrales que se orienten a su prevención mediante planes de acción, políticas y estrategias concretas que incluyan la educación y la enseñanza de los principios de igualdad y no discriminación en un marco transversal con el fin de eliminar los conceptos de superioridad o inferioridad basados en los motivos prohibidos de discriminación y eliminar la constante y naturalizada hostilidad hacia ciertos grupos de personas. No todas las personas tienen el mismo riesgo de sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hay ciertas condiciones que favorecen sufrir estas vulneraciones como son la raza, sexo, religión, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, discapacidad, nacionalidad, edad, orientación sexual, estado de salud, lugar de residencia y otros.
